septiembre 2, 2026

Los servicios públicos de energía y aseo son pilares fundamentales para la calidad de vida, el desarrollo urbano y la salud pública de cualquier municipio. Sin embargo, su buen funcionamiento no depende únicamente de las empresas prestadoras o de las autoridades, sino también del compromiso diario de la ciudadanía.En el caso del servicio de energía, el uso responsable va más allá de pagar una factura a tiempo. Implica evitar conexiones ilegales, reportar fallas oportunamente y adoptar hábitos de consumo eficiente que reduzcan el desperdicio y protejan la infraestructura. Cada acción irresponsable no solo afecta la continuidad del servicio, sino que incrementa costos que terminan impactando a toda la comunidad.Por su parte, el servicio de aseo refleja de manera directa nuestra cultura ciudadana. La correcta disposición de residuos, el respeto por los horarios de recolección y la separación en la fuente no son normas arbitrarias: son prácticas esenciales para mantener una ciudad limpia, ordenada y saludable. Sacar la basura fuera del horario establecido, arrojar residuos en espacios públicos o no separar correctamente afecta el entorno y deteriora la convivencia.Es importante entender que el aseo urbano no empieza ni termina con el camión recolector. Comienza en cada hogar, en cada comercio y en cada ciudadano que decide asumir su responsabilidad con el entorno. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.La educación y la cultura ciudadana son claves para fortalecer estos servicios. Campañas pedagógicas, información clara y comunicación constante permiten que los usuarios comprendan cómo funcionan los sistemas de energía y aseo, cuáles son sus deberes y por qué su participación es determinante.Cuidar los servicios públicos es cuidar el bienestar colectivo. Es proteger los recursos, garantizar la sostenibilidad y contribuir a una ciudad más ordenada y consciente. La invitación es clara: uso responsable, cumplimiento de normas y compromiso ciudadano.Porque cuando los servicios funcionan bien, la ciudad avanza mejor. Y cuando la ciudadanía se involucra, los resultados se sienten en todos los hogares.

A diferencia de los servicios regulados como energía o gas, las tarifas de aseo dependen más de factores operativos locales, como el costo de la recolección, la cantidad de residuos generados y, especialmente, el costo laboral de quienes prestan el servicio.El aumento del salario mínimo —que para 2026 es alrededor del 23 %— puede generar ajustes indirectos en servicios intensivos en mano de obra, como aseo en edificios y conjuntos residenciales, debido al traslado del mayor costo laboral a las tarifas que pagan hogares o administradores.En algunos municipios y ciudades, estos ajustes de aseo se verán reflejados en cobros o tarifas de recolección cada vez más ajustados a los costos reales del mercado laboral y de operación, aunque no hay un porcentaje nacional uniforme de aumento.👉 En resumen, los ajustes en aseo estarán influenciados por la inflación general y el aumento salarial, con variaciones según el municipio y el esquema tarifario local.

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8.520 unidades de licor adulterado y más de 12.000 estampillas y sellos falsificados fueron sacados de circulación en el mayor operativo de la historia Las bebidas ilegales podían generar ingresos superiores a $1.700 millones una vez comercializadas. Once allanamientos realizados en dos centros comerciales de Los Mártires permitieron concretar la incautación. Gobernación de Cundinamarca, Fiscalía, INVIMA, Ejército y otras entidades participaron en el operativo.*(Cundinamarca, agosto 31 de 2026).* 8.520 unidades de licor adulterado y más de 12.000 estampillas, tapas, sellos y otros elementos de seguridad falsificados fueron incautados durante un operativo interinstitucional realizado en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. La mercancía estaba destinada a ingresar al mercado y su comercialización podía representar ingresos ilícitos superiores a $1.700 millones.La operación permitió realizar 11 diligencias de allanamiento en dos centros comerciales, como resultado del trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, a través de la URI de Usaquén y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y la Gobernación de Cundinamarca.También participaron la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Batallón de Policía Militar No. 15, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Federación Nacional de Departamentos y empresas protectoras de marca.De $639 millones a más de $1.700 millonesLa valoración preliminar permite dimensionar el negocio que representaba la mercancía incautada. En el mercado clandestino o de acopio, cada unidad podría venderse a intermediarios entre $7.000 y $25.000, para una valoración total estimada superior a $639 millones.Una vez distribuido en establecimientos como bares y discotecas, el producto podría llegar al consumidor final por valores entre $80.000 y $200.000 o más por unidad, con un potencial de ingresos ilícitos superior a $1.700 millones.La operación afecta así tanto la disponibilidad del producto como los recursos que las estructuras involucradas podrían obtener mediante su distribución y comercialización.“Estas acciones conjuntas contribuyen a mejorar las capacidades de reacción contra la ilegalidad. Seguimos comprometidos con salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y bogotanos y, por supuesto, con proteger las rentas departamentales”, señaló Luis Armando Rojas Quevedo, secretario de Hacienda de Cundinamarca.Un riesgo para la salud y para las rentas públicasEl retiro de las 8.520 unidades evita que bebidas adulteradas lleguen a los consumidores. Para el INVIMA, la intervención tiene un efecto directo sobre la prevención de riesgos sanitarios.“Retirar estas botellas del mercado significa evitar una potencial emergencia de salud pública en los hogares bogotanos y cundinamarqueses”, indicó Amira Anaya, coordinadora del Grupo de Unidad de Reacción Inmediata del INVIMA.Según las estimaciones presentadas por la Gobernación, las actividades relacionadas con el licor ilegal representan para Cundinamarca más de $80.000 millones anuales en recursos que dejan de recaudarse por concepto del impuesto al consumo de licores.Las autoridades reiteraron la recomendación de adquirir bebidas alcohólicas en establecimientos confiables, desconfiar de precios inusualmente bajos y verificar el registro sanitario y la integridad de etiquetas, tapas, empaques y sellos de seguridad.La Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y las demás entidades participantes continuarán las acciones de control contra la fabricación, adulteración y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas.

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