septiembre 3, 2026

En el 2022 el congresista ya había estado en la mira de la Corte Suprema de Justicia.
El exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, quien fue parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, está vinculado a un caso de corrupción que ha captado la atención de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Según dio a conocer el alto tribunal, Vargas Bautista fue investigado por la Fiscalía por supuestamente haber creado una red criminal desde su despacho, junto a su expareja y un familiar, para manipular decisiones judiciales a cambio de grandes sumas de dinero. Este caso ha sido comparado con el tan sonado Cartel de la Toga. En este contexto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió acusar al congresista Néstor Leonardo Rico Rico, del partido Cambio Radical, por presuntos delitos de cohecho y prevaricato por acción.

Según la información publicada por Semana, Rico Rico habría ofrecido beneficios a cambio de obtener decisiones favorables en procesos judiciales en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La acusación fue confirmada a través de la cuenta oficial de la Corte Suprema en X, donde se detalló que el representante a la Cámara enfrenta cargos por “cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción”. Este anuncio muestra la gravedad de las acusaciones y la implicación de figuras políticas en actos de corrupción.

El caso de Rico Rico está estrechamente relacionado con las actividades de Vargas Bautista, que fue enjuiciado por la Corte Suprema por corrupción, aunque recuperó su libertad el año pasado debido al vencimiento de términos.

El proceso judicial contra Vargas Bautista se centra en la supuesta venta de sentencias, un esquema en el que su primo, Ademaro Vargas, habría facilitado su cuenta bancaria para recibir los pagos. La Fiscalía ha recopilado miles de horas de interceptaciones telefónicas entre el exmagistrado y Kelly Andrea Eslava, quien trabajó en su despacho y posteriormente se convirtió en su pareja y socia. Según las investigaciones, empresarios influyentes, funcionarios del tribunal e incluso congresistas, como Rico, estarían involucrados en esta red de corrupción.

La investigación también ha revelado que el congresista Rico está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por otro caso de corrupción relacionado con la adquisición de un predio en Panamá, empresas, un proyecto inmobiliario y otros bienes adquiridos por su familia.

La investigación se centra en el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, tanto en beneficio propio como de terceros. Este caso se remonta al periodo en que Rico se desempeñó como contralor de Cundinamarca, entre 2012 y 2015, durante el cual se detectó un aparente incremento injustificado de su patrimonio.

Durante su gestión como contralor, Rico adquirió varias propiedades, incluyendo una finca, un proyecto inmobiliario, empresas y un predio en Panamá, según las denuncias que investiga la Corte.

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