La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del país.Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla (Atlántico). En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones. Los detenidos son: los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara.Los elementos de prueba indican que Domínguez Rodríguez, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad.Producto del actuar ilegal, al parecer, recibió dineros que invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad.Los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), indican que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.