La Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá señaló que en la vigencia 2020 la disciplinable habría omitido la destinación específica que tenía el dinero disponible, el cual utilizó para, al parecer, suscribir algunos contratos y adquirir suministros químicos y otros elementos para adelantar labores de aseo y limpieza en el municipio.
El Ministerio Público indicó que la entonces alcaldesa comprometió recursos por un valor cercano a los $ 70 millones, con lo que pudo pasar por alto que la ley no contempla que los gastos de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en lo que incurran las personas prestadoras se paguen con los que hacen parte del SGP.
Finalmente, la Entidad sostuvo que con su presunta actuación Ariza Laiton habría vulnerado el principio de economía y se alejó del cumplimiento de sus deberes funcionales al no velar por recursos de interés general, por lo que de manera provisional calificó la posible conducta como falta gravísima cometida a título de culpa grave.