septiembre 2, 2026

La Corte Constitucional de Colombia profirió la Sentencia C-080 de 2026, mediante la cual declaró inexequibles varias disposiciones legales que permitían a servidores públicos de elección popular renunciar anticipadamente a sus cargos para postularse al Congreso de la República, evitando así la inhabilidad por coincidencia de periodos.La decisión tumba la llamada “renuncia salvadora”, una figura utilizada durante años por concejales, diputados y otros funcionarios elegidos por voto popular para abandonar sus cargos antes de terminar el mandato y presentarse como candidatos al Senado o la Cámara de Representantes. ¿Qué decidió la Corte?El alto tribunal concluyó que la coincidencia de periodos constituye una inhabilidad constitucional que no desaparece con la simple renuncia al cargo. En consecuencia, quien fue elegido para una corporación pública y mantiene un periodo coincidente no puede aspirar al Congreso en ese mismo lapso. ([Corte Constitucional][2]) Impacto para las elecciones de 2026 y siguientesEl fallo tiene efectos directos sobre futuros procesos legislativos, especialmente para concejales y diputados que contemplaban renunciar para lanzarse al Congreso. Con esta sentencia, esa vía queda cerrada.Esto significa que actuales integrantes de concejos municipales o asambleas departamentales deberán esperar a culminar sus periodos o ajustarse a las reglas constitucionales vigentes antes de aspirar a una curul nacional. Importante aclaración: no aplica automáticamente a alcaldíasAunque en redes sociales se ha difundido que la sentencia impide a concejales aspirar a alcaldías en 2027, el texto conocido del fallo se refiere específicamente a candidaturas al Congreso y a la inhabilidad contemplada en el artículo 179.8 de la Constitución. Para alcaldías y gobernaciones existen regímenes jurídicos distintos que deben analizarse caso por caso. La Corte envía una señal contundente sobre la transparencia electoral y el respeto al mandato ciudadano: los cargos de elección popular no pueden convertirse en plataformas para ventajas políticas anticipadas.La Sentencia C-080 de 2026 es de obligatorio cumplimiento y redefine las reglas del juego electoral en Colombia.[

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8.520 unidades de licor adulterado y más de 12.000 estampillas y sellos falsificados fueron sacados de circulación en el mayor operativo de la historia Las bebidas ilegales podían generar ingresos superiores a $1.700 millones una vez comercializadas. Once allanamientos realizados en dos centros comerciales de Los Mártires permitieron concretar la incautación. Gobernación de Cundinamarca, Fiscalía, INVIMA, Ejército y otras entidades participaron en el operativo.*(Cundinamarca, agosto 31 de 2026).* 8.520 unidades de licor adulterado y más de 12.000 estampillas, tapas, sellos y otros elementos de seguridad falsificados fueron incautados durante un operativo interinstitucional realizado en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. La mercancía estaba destinada a ingresar al mercado y su comercialización podía representar ingresos ilícitos superiores a $1.700 millones.La operación permitió realizar 11 diligencias de allanamiento en dos centros comerciales, como resultado del trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, a través de la URI de Usaquén y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y la Gobernación de Cundinamarca.También participaron la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Batallón de Policía Militar No. 15, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Federación Nacional de Departamentos y empresas protectoras de marca.De $639 millones a más de $1.700 millonesLa valoración preliminar permite dimensionar el negocio que representaba la mercancía incautada. En el mercado clandestino o de acopio, cada unidad podría venderse a intermediarios entre $7.000 y $25.000, para una valoración total estimada superior a $639 millones.Una vez distribuido en establecimientos como bares y discotecas, el producto podría llegar al consumidor final por valores entre $80.000 y $200.000 o más por unidad, con un potencial de ingresos ilícitos superior a $1.700 millones.La operación afecta así tanto la disponibilidad del producto como los recursos que las estructuras involucradas podrían obtener mediante su distribución y comercialización.“Estas acciones conjuntas contribuyen a mejorar las capacidades de reacción contra la ilegalidad. Seguimos comprometidos con salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y bogotanos y, por supuesto, con proteger las rentas departamentales”, señaló Luis Armando Rojas Quevedo, secretario de Hacienda de Cundinamarca.Un riesgo para la salud y para las rentas públicasEl retiro de las 8.520 unidades evita que bebidas adulteradas lleguen a los consumidores. Para el INVIMA, la intervención tiene un efecto directo sobre la prevención de riesgos sanitarios.“Retirar estas botellas del mercado significa evitar una potencial emergencia de salud pública en los hogares bogotanos y cundinamarqueses”, indicó Amira Anaya, coordinadora del Grupo de Unidad de Reacción Inmediata del INVIMA.Según las estimaciones presentadas por la Gobernación, las actividades relacionadas con el licor ilegal representan para Cundinamarca más de $80.000 millones anuales en recursos que dejan de recaudarse por concepto del impuesto al consumo de licores.Las autoridades reiteraron la recomendación de adquirir bebidas alcohólicas en establecimientos confiables, desconfiar de precios inusualmente bajos y verificar el registro sanitario y la integridad de etiquetas, tapas, empaques y sellos de seguridad.La Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y las demás entidades participantes continuarán las acciones de control contra la fabricación, adulteración y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas.

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