septiembre 2, 2026

permitió capturar a cinco de los presuntos articuladores principales de una red criminal, que estaría involucrada en el ingreso a gran escala de contrabando proveniente de Estados Unidos, y países de Asia y Europa.Las diligencias se realizaron de manera articulada con la DIJIN de la Policía Nacional en Bogotá, Bucaramanga (Santander) y Cali (Valle del Cauca).Los detenidos son un mayor de la Policía Nacional, un coronel en retiro y dos particulares, que serían los auspiciadores de la entrada irregular de, por lo menos, el 80% de la mercancía de contrabando que se mueve por los puertos del país.Los elementos de prueba dan cuenta de que esta estructura, al parecer, gestionaba semanalmente el acceso ilegal de 30 contenedores con textiles, calzado, cigarrillos y otros productos. Esto habría representado una renta ilícita que ascendió en un año a ocho billones de pesos.Adicionalmente, se estableció que el actuar criminal estaba mediado por el pago de dádivas a funcionarios para garantizar la entrada del contrabando, el transporte en tractocamiones por rutas previamente establecidas y el almacenamiento en bodegas de diferentes ciudades, donde eran evadidos los controles de las autoridades.En tres meses de actividades investigativas, se acreditaron eventos en los que esta red habría pagado 902 millones de pesos a servidores que cumplían funciones de vigilancia y control aduanero.Adicionalmente, en contra de otro de los posibles cabecillas de la organización, alias El Señor, se obtuvo notificación azul de Interpol para lograr su ubicación en Europa. Esta persona tendría rutas de contrabando desde China a Colombia y presuntamente articulaba con los demás integrantes de la red el traslado a las zonas de acopio.Este resultado investigativo y judicial responde a los lineamientos establecidos por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de judicializar a los responsables de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana y golpear sus finanzas criminales

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8.520 unidades de licor adulterado y más de 12.000 estampillas y sellos falsificados fueron sacados de circulación en el mayor operativo de la historia Las bebidas ilegales podían generar ingresos superiores a $1.700 millones una vez comercializadas. Once allanamientos realizados en dos centros comerciales de Los Mártires permitieron concretar la incautación. Gobernación de Cundinamarca, Fiscalía, INVIMA, Ejército y otras entidades participaron en el operativo.*(Cundinamarca, agosto 31 de 2026).* 8.520 unidades de licor adulterado y más de 12.000 estampillas, tapas, sellos y otros elementos de seguridad falsificados fueron incautados durante un operativo interinstitucional realizado en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. La mercancía estaba destinada a ingresar al mercado y su comercialización podía representar ingresos ilícitos superiores a $1.700 millones.La operación permitió realizar 11 diligencias de allanamiento en dos centros comerciales, como resultado del trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, a través de la URI de Usaquén y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y la Gobernación de Cundinamarca.También participaron la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Batallón de Policía Militar No. 15, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Federación Nacional de Departamentos y empresas protectoras de marca.De $639 millones a más de $1.700 millonesLa valoración preliminar permite dimensionar el negocio que representaba la mercancía incautada. En el mercado clandestino o de acopio, cada unidad podría venderse a intermediarios entre $7.000 y $25.000, para una valoración total estimada superior a $639 millones.Una vez distribuido en establecimientos como bares y discotecas, el producto podría llegar al consumidor final por valores entre $80.000 y $200.000 o más por unidad, con un potencial de ingresos ilícitos superior a $1.700 millones.La operación afecta así tanto la disponibilidad del producto como los recursos que las estructuras involucradas podrían obtener mediante su distribución y comercialización.“Estas acciones conjuntas contribuyen a mejorar las capacidades de reacción contra la ilegalidad. Seguimos comprometidos con salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y bogotanos y, por supuesto, con proteger las rentas departamentales”, señaló Luis Armando Rojas Quevedo, secretario de Hacienda de Cundinamarca.Un riesgo para la salud y para las rentas públicasEl retiro de las 8.520 unidades evita que bebidas adulteradas lleguen a los consumidores. Para el INVIMA, la intervención tiene un efecto directo sobre la prevención de riesgos sanitarios.“Retirar estas botellas del mercado significa evitar una potencial emergencia de salud pública en los hogares bogotanos y cundinamarqueses”, indicó Amira Anaya, coordinadora del Grupo de Unidad de Reacción Inmediata del INVIMA.Según las estimaciones presentadas por la Gobernación, las actividades relacionadas con el licor ilegal representan para Cundinamarca más de $80.000 millones anuales en recursos que dejan de recaudarse por concepto del impuesto al consumo de licores.Las autoridades reiteraron la recomendación de adquirir bebidas alcohólicas en establecimientos confiables, desconfiar de precios inusualmente bajos y verificar el registro sanitario y la integridad de etiquetas, tapas, empaques y sellos de seguridad.La Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y las demás entidades participantes continuarán las acciones de control contra la fabricación, adulteración y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas.

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